martes, 6 de noviembre de 2012

Lista Violeta Sociales - Boletín noviembre 2012




Se acerca fin de año y con él la necesidad de balancear lo que ha sucedido en nuestra Facultad y en la UBA respecto a la pelea por mejorar nuestras condiciones de trabajo.
El año comenzó con el rechazo de nuestra federación, CONADU Histórica, al acuerdo de aumento salarial (18,5 % escalonado) por considerarlo insuficiente, ya que se consideró que significaba una pérdida en la capacidad adquisitiva de los docentes universitarios. En paralelo,  la ofensiva de las autoridades de la UBA decidieron cesantear a centenas de docentes, “en tandas” con total arbitrariedad, desconociendo la Ley 26.508 -que permite optar por la permanencia en el cargo a aquellos docentes que han cumplido la edad jubilatoria- . Por otro lado, el problema del trabajo gratuito no sólo no se ha revertido, sino que se agravó por la aparición de la figura del docente “no designado” que permite a la UBA ocultar la dramática situación de los ad honorem.
La lucha contra las cesantías evidenció la política que las autoridades de la UBA llevan adelante y que se vincula a un proyecto de universidad. Haciendo uso de métodos antidemocráticos -tales como,  las decisiones unilaterales, el desconocimiento de los planteos de las organizaciones gremiales, la arbitrariedad en la selección de los docentes cesanteados- avanza con criterios mercantiles en materia de política universitaria. No se evalúa la continuidad de los equipos de cátedra y/o investigación, ni se proyecta el mejoramiento de la calidad académica, sólo se apunta a achicar gastos. En este marco, es de esperar que  la situación se repita en diciembre. Si esto ocurre,  una nueva oleada de cesantías nos encontrará con las mismas convicciones de pelar por el derecho de los compañeros y la defensa de sus condiciones de trabajo. Pero además debe encontrarnos con la mirada puesta en los proyectos de universidad en disputa, que se encuentran por detrás de este tipo de iniciativas.
El sostenimiento del trabajo gratuito, la inestabilidad que deviene de esa condición, al igual que la postergación de la regularización de los cargos se vinculan con el debate en torno a la Carrera Docente. Los mecanismos para el ingreso, permanencia y promoción suelen ser diversos en la UBA y se establecen entrelazados con las relaciones de poder y jerarquías que operan en cada Facultad.  Es necesario entonces encontrar los espacios para debatir estas cuestiones, enmarcarlas en los debates sobre proyectos de universidad, tarea que no sólo compete a quienes ocupan lugares de gestión sino, fundamentalmente, a quienes día a día, con nuestro trabajo docente, sostenemos la educación superior.
Esperamos que este material sea un disparador, un estímulo a la reflexión y que nos convoque al protagonismo en las luchas que tenemos por delante.

SOBRE EL PROBLEMA CRÓNICO DE LOS AD HONOREM
Para romper con la naturalización y la inercia

La Facultad de Ciencias Sociales se sostiene gracias a que un porcentaje significativo de su planta docente no percibe salario, o su salario es inadecuado respecto a las tareas que realiza.
El flagelo del trabajo gratuito afecta a docentes de todas las categorías (desde ayudantes de segunda hasta titulares), que cumplen con todo tipo de tareas necesarias para el sostenimiento de la estructura de la enseñanza universitaria, sin contar siquiera con Obra Social ni ART. Aun así, la UBA desconoce el carácter vital de dichas tareas y pretende –y por el momento logra- que se legitime el trabajo gratuito desde los supuestos beneficios profesionales, eufemismo ad honorem mediante. 
Esta forma de precarización salarial resulta de un problema estructural de insuficiencia presupuestaria de la UBA, que propicia, a su vez, el congelamiento de la planta docente regular, por retrasos injustificados en el llamado y/o la sustanciación de los concursos. Situación que las autoridades de la Facultad no asumen como problema y por tanto, no esbozan ningún tipo de solución.
La naturalización del trabajo gratuito en la Facultad descansa sobre los significados simbólicos que se tejen detrás de la docencia universitaria, la adaptación acrítica a los sistemas de evaluación y acreditación académicos y se articula con las formas históricas sui generis en las que se ha ido constituyendo el plantel docente a través de la estructura de cátedra y la ausencia de carrera docente.
La lucha contra esa naturalización tuvo un capítulo importante en 2005, cuando un conjunto de compañeros docentes ad honorem comenzó a organizarse para revertir la situación. A raíz de esto, se logró que el Ministerio de Educación de la Nación reconociera la situación y que en 2007 destinara una partida presupuestaria a la UBA para implementar el “Programa de Rentas Ad-Honorem” (PREDAH) que otorgó renta a un número considerable -pero insuficiente- de cargos, en lo que fue presentada como una primera etapa y que terminó siendo la única. Luego, el problema perdió protagonismo y a nivel UBA no trascendió el plano de la consigna.
Esta experiencia demostró que cuando los docentes nos organizamos para defender un derecho -tan básico como el de percibir un salario por la realización de un trabajo-, se logran resultados que benefician al conjunto de la comunidad académica, ya que mejora la calidad del trabajo docente y, por consiguiente, es una forma más de defender la Universidad pública.
A partir de la reciente recuperación de la iniciativa gremial a nivel de la UBA, nos encontramos frente a una buena oportunidad para redoblar los esfuerzos en pos de la solución definitiva de este problema.  Para ello, será necesario
-        Realizar un relevamiento sistemático para contar con un diagnóstico certero de la situación.
-        Detectar y desarticular los mecanismos de legitimación y naturalización del trabajo gratuito, reproducidos incluso por gran parte de los propios afectados.
-        Evaluar las distintas escalas y horizontes de intervención gremial.
Para avanzar en este sentido es necesaria la generación de espacios participativos donde el conjunto de los docentes se involucre en la formulación y despliegue de campañas y acciones de lucha; no menos importante es que el conjunto de los docentes pueda protagonizar la reflexión colectiva sobre las relaciones entre este problema y otros tales como los mecanismos vigentes de ingreso a la docencia universitaria, la necesidad de carrera docente, la estabilidad laboral, la formación pedagógica, la estructura de cátedra o la función social de la universidad.
Convocamos a todos los docentes a participar de las distintas instancias de organización, discusión y lucha de las próximas semanas. 

Encuesta Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en Sociales
Nuestra concepción acerca de las herramientas gremiales en el ámbito de la Universidad, nos plantea el desafío de defender y garantizar los derechos de los docentes desde un diagnóstico de los problemas estructurales en nuestra facultad y su sistematización en temas específicos, de tal manera que nos permita avanzar en conquistas que mejoren la calidad de nuestras condiciones de trabajo. Ello no significa fragmentar los problemas sino superar la simple formulación de consignas a través del trabajo colectivo, cotidiano y exhaustivo, articulando los problemas y no amontonándolos de manera amorfa.
Creemos que eso solo es posible si el punto de partida es un diagnóstico construido colectivamente, es decir, a partir de las experiencias y  percepciones del conjunto de los docentes.
En este sentido, como minoría en la Comisión Directiva de AGD Sociales  hemos impulsado la realización de una encuesta sobre condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) orientada a relevar la situación objetiva y las percepciones en torno a nuestro ámbito laboral. Por eso, los invitamos a participar, completando la encuesta y difundiéndola entre los compañeros de cátedra. Así como también, resultará interesante contar con sugerencias para mejorar este instrumento.
Cuando asumimos el desafío de participar en la Comisión Directiva de AGD Sociales, nos propusimos re-activar a la AGD Sociales a partir de ampliar los espacios de participación y reinstalarla como una herramienta para todos los docentes. La encuesta que empezamos a difundir en el mes de noviembre es un paso más para reconstruir el diálogo entre los docentes y desde ese lugar fortalecer nuestras acciones.

Carrara Docente: notas para un debate imprescindible
I.
No hay dudas respecto de las especificidades que tiene la universidad (autonomía, libertad de cátedra, etc.) como espacio social cuya función principal es la producción de conocimiento y la transmisión cultural. Sin embargo, la cuestión de la estabilidad de sus trabajadores docentes es un elemento que compartimos con cualquier otro trabajador.
Los prejuicios que a menudo nosotros mismos reproducimos acerca de la supuesta neutralidad del conocimiento científico, así como también en relación con el peso de la individualidad en el desarrollo de nuestra tarea, operan como obstáculos para establecer un tipo de regulación que pueda combinar los derechos laborales con la posibilidad de evaluar el desempeño docente a partir de criterios -y objetivos- institucionales llevados a cabo desde instancias transparentes y democráticas.
De este modo, mientras que en otros ámbitos del sector público (sin ir más lejos el sistema de investigación) la “carrera” es algo incuestionable, y en buena parte de las universidades nacionales es una conquista ya consagrada, en la UBA la carrera docente aparece como algo difuso y/o ajeno al mundo universitario. 
II.
Es interesante repasar qué dice sobre este punto el estatuto de la UBA. En principio, toda la planta docente se encuentra separada en dos grandes grupos con reglamentaciones e instancias de incumbencia específicas: Profesores y Auxiliares.
El estatuto expresa que la carrera docente sólo se aplica al caso de los auxiliares -jefes de trabajos prácticos, ayudantes de primera y ayudantes de segunda-. En el artículo 66, se establece “la carrera docente para la formación y estímulo de los estudiosos con vocación para el profesorado universitario” y se fija que la reglamentación deberá ser propuesta por el Consejo Directivo de cada facultad.
En el artículo siguiente, el estatuto sostiene que la carrera docente “implica la asistencia a cursos y seminarios sobre temas vinculados a la respectiva asignatura”, “así como también la asistencia y la participación en cursos de metodología de la enseñanza y la investigación”. Según el estatuto, la propia UBA es responsable de organizar las instancias que las Facultades requieran para cumplir con este propósito.
III
En nuestra universidad, actualmente coexisten concepciones y modelos diferentes de carrera docente en las distintas facultades, con distintos niveles de institucionalización. En algunos casos, solo se trata de un conjunto de requisitos para la permanencia en el cargo, mientras que en otros es entendida como un ciclo de formación que acredita puntaje ante un eventual concurso. En ninguna facultad se encuentra un proyecto integral que contemple: mecanismos claros de ingreso, permanencia y promoción en la docencia; instancias de formación pedagógica y/o disciplinar; delimitación de las tareas y responsabilidades en función a la jerarquía del cargo; entre otros aspectos.
Mientras tanto, la gran mayoría de las universidades nacionales cuentan con una carrera docente formalizada e institucionalizada (en lo formal y en la práctica), que combina ambas dimensiones: formación y permanencia/promoción. Y, a su vez, abarca tanto a los auxiliares docentes como a los profesores.
No obstante, existe una multiplicidad de modelos, con énfasis distintos en los derechos laborales y en la evaluación académica, que contemplan mecanismos diversos para su concreción práctica. 
IV
No exageramos al sostener que la carrera docente implica un cambio de paradigma. La tradición reformista ha colocado al concurso público de antecedentes y oposición como el único procedimiento válido para el ingreso, la permanencia y la promoción en la docencia. Por eso discutir la necesidad del establecimiento de la carrera docente supone plantear un mecanismo alternativo que permita ir más allá de la competencia entre colegas en el marco de instancias escindidas de la práctica docente cotidiana y centre su atención en la consideración y evaluación de los procesos concretos de enseñanza -aprendizaje.
En las universidades donde la carrera docente ya se aplica, el mecanismo más generalizado para mantenerse en el cargo, consiste en la evaluación de informes presentados por los docentes. En todos los casos, existe una Comisión Evaluadora que se pronuncia sobre el desempeño en su tarea. En algunas universidades, además de estar integradas por miembros del Departamento de pertenencia, esas comisiones cuentan con representación estudiantil e incluso hay casos en los que existe la figura del veedor gremial.
Asimismo, en general, se prevén diversas instancias para recurrir en aquellos casos que evidencien arbitrariedad en los dictámenes evaluadores. Las variantes también se despliegan para el caso de las promociones a cargos superiores. Dependiendo de la universidad hay casos en que la promoción es automática en función de determinados requisitos. En otros, es necesario un concurso.
V
En la medida en que está abierta la discusión acerca de un Convenio Colectivo de Trabajo entre los sindicatos docentes, las autoridades universitarias y el Ministerio de Educación, la cuestión de la carrera docente no puede ser considerada al margen de ese debate. Concretamente debe ser un componente central de un convenio único para todos los docentes universitarios a nivel nacional. Al tiempo que implica una pelea específica contra las resistencias simbólicas y políticas que ha de engendrar. 
Esto supone, por un lado, reorganizar el sistema universitario y sus condiciones laborales en función de criterios comunes –lo cual supone abrir un debate amplio que permita llegar a consensos masivos-.
Por otro lado, también significa unificar a la docencia universitaria para superar una fragmentación que es funcional a la precariedad laboral y a la mercantilización de la producción de conocimiento. El camino no es sencillo, pero es momento de redoblar los esfuerzos y dotarnos de las herramientas que sólo el debate franco y la organización colectiva pueden brindarnos.

ENTREVISTA A MARCELO RUIZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

“Tenemos que cuestionar la idea de la neutralidad de la ciencia y la tecnología”
Marcelo Ruiz es el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Con una trayectoria ligada a la militancia sindical en el gremio docente, representa una voz disonante entre las autoridades universitarias de nuestro país. Aquí recorre algunos de los lineamientos centrales del proyecto que encabeza en esa casa de estudios y describe los debates más urgentes que movilizan a su comunidad académica. 
Tu espacio llega al rectorado confrontando con las fuerzas que históricamente han gobernado en las universidades. ¿Cómo se explica ese proceso?
Por empezar, existe una tradición de lucha docente en la UNRC, por ejemplo esta es la primera universidad en tener carrera docente. Donde se revaloriza la carrera docente sin desligarla de un proyecto político. Hay una historia importante, también, del movimiento estudiantil. A eso le sumaría un instrumento importante que es la regional intersindical que armamos con los compañeros de la universidad de Rosario, con los de Villa María, de Córdoba y de San Luis desde la que nos dimos un fuerte trabajo cultural y desde donde construimos una referencia que nos permitió instalar debates importantes. Por último, todo el proceso de lucha que siguió a la explosión de los laboratorios en 2007, en la que murieron seis docentes y estudiantes. Eso fue una bisagra que con el tiempo fue definiendo la necesidad de pensar otra universidad.
¿Cuáles son los desafíos que se proponen como espacio político al frente de la universidad?
Los desafíos a mediano plazo pasan por generar espacios de politización para reconquistar la legitimidad perdida de la universidad pública y esto supone ubicar a la universidad en los debates estratégicos en relación con la cultura y a la ciencia. Y a la vez que permitan discutir el papel de la universidad en relación con los movimientos sociales en una perspectiva emancipatoria más amplia.
Hace unos meses el Consejo Superior de la UNRC volvió a rechazar los fondos que la empresa minera La Alumbrera dona a las universidades. ¿Qué implica esta nueva negativa? 
Este rechazo tiene una particularidad porque los anteriores fueron a los ejercicios anuales. Es decir, a los montos específicos por año y no a una definición de rechazo definitivo. En el ejercicio 2009 y 2010 se rechazó el ejercicio 2009 y 2010, respectivamente. Luego nos dimos un debate más amplio que en definitiva pasa por cuestionar centralmente los modelos de desarrollo. Queríamos que pudiera deducirse el rechazo a partir de la crítica a los modelos extractivistas.
¿Cómo se llevó a cabo ese debate?
El proceso fue muy rico porque permitió por primera vez encontrarnos en jornadas abiertas con múltiples voces. Nosotros organizamos una jornada de 4 días sobre megaminería y fondos de La Alumbrera con participación de geólogos, lingüistas, sociólogos, periodistas y de intelectuales como Vicente Zito Lema y Pérez Esquivel. Y luego organizamos otro ciclo que se abre con la conferencia del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, donde uno de los ejes principales que atravesó el encuentro estuvo vinculado fuertemente al problema del extractivismo como nueva etapa del colonialismo.
Para justificar la aceptación de los fondos suele hablarse de las actividades científicas que pueden desarrollarse con esos recursos ¿Cómo fue el proceso de rechazo a los fondos de La Alumbrera respecto de esta cuestión? 
El principal problema está en cómo se ha ido imponiendo la idea en el escenario argentino y de América Latina de que la tecnología y la ciencia es un lugar de neutralidad, como si la tecnología no tuviera incorporada una definición de las relaciones sociales y una conceptualización de ciencia que está atravesada por la dimensión ideológica. La resolución de la universidad también apunta en esta dirección. Esto es parte de una crítica que nos parece importantísima, que tiene que ver con poder deconstruir la imagen de neutralidad tecnológica. Entonces no es lo mismo la tecnología que utilizan los pooles sojeros o las transnacionales asociadas a la megaminería que poder pensar desde las universidades argentinas la producción de tecnología y de ciencia que esté asociada a modelos de desarrollo de dirección democrática con profundo respeto de las comunidades y sus opciones y sus modos de vida.
La UNRC está en una zona fuertemente atravesada por un modelo basado en la soja. ¿Todo este proceso abre la puerta para pensar la cuestión del avance del agronegocio sojero?
-Si, absolutamente. Porque abre la puerta a discutir el extractivismo como estrategia del neocolonialismo en forma integral que no solamente incorpora la megaminería si no también el monocultivo. Es decir, como estrategia de reprimarización de la economía. Este es el punto central. Y a todo esto, nosotros estamos en uno de los corazones del monocultivo. En ese sentido, ahora estamos transitando una discusión que está vinculada al extractivismo en nuestro único río que tenemos en la Ciudad de Río Cuarto que, si bien no es igual, de alguna manera intentamos poner en cuestión cuál es el modelo de desarrollo local, cuál es el impacto ambiental y cuál es el impacto para las comunidades que viven del río.

DESDE EL GREMIO, DEBATIENDO SOBRE POLÍTICA UNIVERSITARIA

Lo que nos dejó el 1° Foro Por Una Nueva Universidad organizado por CONADUH
El 30 de agosto pasado se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el 1° Foro Por una Nueva Universidad “Vigencia de las Políticas Neoliberales en las Universidades Públicas. Carrera Docente con Estabilidad Laboral versus Flexibilización”. Del mismo participaron compañeros de las Asociaciones de Base de distintos puntos del país, nucleadas en CONADU Histórica (Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios). Entre los objetivos de la actividad figuraban el de generar un espacio de reflexión colectivo, analizar la educación superior como proceso social vinculado a otros procesos de la estructura social y compartir información y debates que contribuyan a potenciar nuestra acción gremial.
En el primer panel se analizó la vigencia de las políticas neoliberales en las Universidades Públicas. La posibilidad de contar con la presencia de docentes de Argentina, Colombia y Brasil, permitió encontrar trazos comunes en la implementación de políticas regresivas en materia de educación superior en el continente. Los lineamientos de las políticas neoliberales de mercantilización del conocimiento, de precarización laboral, de achique presupuestario y de deterioro de la formación de grado se impulsaron con fuerza durante los años 90 y no se han logrado revertir como tendencia. Algunos ejemplos actuales de esta tendencia son: el aumento significativo de la matrícula en las universidades sin el correspondiente aumento de la planta docentes, la “mercantilización” de la investigación, es decir investigar según los intereses de quien financia, la existencia de una suerte de ethos empresarial en la gestión de las universidades, el avance de distintas formas de precarización laboral que tienen su expresión más brutal en la extensión del trabajo gratuito en la UBA.
Como contraparte los docentes universitarios a través de nuestras organizaciones gremiales y vinculados a los procesos de lucha al interior de la Universidad vamos encontrando distintas respuestas y estrategias para enfrentar estas ofensivas. En el caso de Brasil la huelga de los docentes universitarios de 50 universidades públicas se planteó la lucha por mejores condiciones de trabajo vinculada a la defensa de la educación pública y de calidad. En el caso de Colombia las luchas estudiantiles del año pasado, contra el proyecto de reforma universitaria que intentaba mercantilizar la educación superior a partir de avanzar, entre otras cosas, sobre el financiamiento mixto (público privado), contaron con el apoyo e involucramiento de sectores docentes. Estas experiencias nos interrogan respecto de nuestra participación como trabajadores docentes en la defensa de una universidad pública, democratizada, crítica y de calidad. Una precondición para lograr este proyecto de universidad es la lucha por el mejoramiento de nuestras condiciones de trabajo y por el aumento presupuestario. Sin embargo, esta pelea nos exige también preguntarnos respecto de la orientación que se pretende de la educación superior, para quién producimos conocimiento? Qué sujetos estamos formando? Cómo son los procesos de toma de decisiones en la universidad?
Desde Docentes por el Cambio –espacio que como Lista Violeta integramos junto a compañeros de otras facultades de la UBA-, apostamos a contar con estos espacios de debate e intercambio que nos permitan trascender el trabajo “solitario”, que nos obliguen a participar más conscientemente de la tarea que llevamos adelante cotidianamente, que nos exijan revisar críticamente los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación de los que formamos parte. De esta manera nos iremos convirtiendo en constructores de ese otro proyecto de universidad vinculado a los procesos de transformación que surgen desde abajo y articulado con un proyecto emancipador.
Edificio único para sociales
Si todo continúa según lo programado, en el segundo cuatrimestre de 2013 se llevará a adelante la mudanza de las carreras de Sociología y Relaciones del Trabajo a la sede de Santiago del Estero. No se trata solamente de restringir la discusión a la cantidad de aulas, sino que implica ir un paso más allá y tener en cuenta la calidad constructiva de las mismas, manifestar la necesidad de una sala real de profesores donde podamos hacer reuniones de cátedra, corregir exámenes y preparar sus clases. Así como también un jardín materno/paternal y un comedor universitario, propiciando condiciones adecuadas de enseñanza-aprendizaje y los espacios de sociabilidad propios de la comunidad universitaria
La lucha por el Edificio único ya lleva 16 años y durante todo este tiempo los problemas edilicios se multiplicaron. El último de ellos, fue el accidente que sufrió una estudiante en uno de los ascensores de Marcelo T.
Por eso, consideramos que la AGD debe participar activamente en la Comisión Cuatripartita (junto con el gremio de No Docentes, el Centro de Estudiantes y la gestión de la facultad) y la Comisión de Hábitat del Consejo Directivo, para aportar al análisis de las necesidades edilicias que afectan la calidad de nuestro trabajo.


Lista Violeta Sociales - Docentes por el cambio
Minoría en la Comisión Directiva de AGD Sociales

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