Se acerca fin de año
y con él la necesidad de balancear lo que ha sucedido en nuestra Facultad y en
la UBA respecto a la pelea por mejorar nuestras condiciones de trabajo.
El año comenzó con el
rechazo de nuestra federación, CONADU Histórica, al acuerdo de aumento salarial
(18,5 % escalonado) por considerarlo insuficiente, ya que se consideró que significaba
una pérdida en la capacidad adquisitiva de los docentes universitarios. En paralelo,
la ofensiva de las autoridades de la UBA
decidieron cesantear a centenas de docentes, “en tandas” con total
arbitrariedad, desconociendo la Ley 26.508 -que permite optar por la
permanencia en el cargo a aquellos docentes que han cumplido la edad
jubilatoria- . Por otro lado, el problema del trabajo gratuito no sólo no se ha
revertido, sino que se agravó por la aparición de la figura del docente “no
designado” que permite a la UBA ocultar la dramática situación de los ad honorem.
La lucha contra las
cesantías evidenció la política que las autoridades de la UBA llevan adelante y
que se vincula a un proyecto de universidad. Haciendo uso de métodos
antidemocráticos -tales como, las decisiones
unilaterales, el desconocimiento de los planteos de las organizaciones
gremiales, la arbitrariedad en la selección de los docentes cesanteados- avanza
con criterios mercantiles en materia de política universitaria. No se evalúa la
continuidad de los equipos de cátedra y/o investigación, ni se proyecta el
mejoramiento de la calidad académica, sólo se apunta a achicar gastos. En este
marco, es de esperar que la situación se
repita en diciembre. Si esto ocurre, una
nueva oleada de cesantías nos encontrará con las mismas convicciones de pelar
por el derecho de los compañeros y la defensa de sus condiciones de trabajo.
Pero además debe encontrarnos con la mirada puesta en los proyectos de
universidad en disputa, que se encuentran por detrás de este tipo de
iniciativas.
El sostenimiento del
trabajo gratuito, la inestabilidad que deviene de esa condición, al igual que
la postergación de la regularización de los cargos se vinculan con el debate en
torno a la Carrera Docente. Los mecanismos para el ingreso, permanencia y
promoción suelen ser diversos en la UBA y se establecen entrelazados con las
relaciones de poder y jerarquías que operan en cada Facultad. Es necesario entonces encontrar los espacios
para debatir estas cuestiones, enmarcarlas en los debates sobre proyectos de
universidad, tarea que no sólo compete a quienes ocupan lugares de gestión
sino, fundamentalmente, a quienes día a día, con nuestro trabajo docente,
sostenemos la educación superior.
Esperamos que este
material sea un disparador, un estímulo a la reflexión y que nos convoque al
protagonismo en las luchas que tenemos por delante.
SOBRE EL PROBLEMA CRÓNICO DE LOS AD HONOREM
Para romper con la naturalización y la inercia
La Facultad de
Ciencias Sociales se sostiene gracias a que un porcentaje significativo de su
planta docente no percibe salario, o su salario es inadecuado respecto a las
tareas que realiza.
El flagelo del
trabajo gratuito afecta a docentes de todas las categorías (desde ayudantes de
segunda hasta titulares), que cumplen con todo tipo de tareas necesarias para
el sostenimiento de la estructura de la enseñanza universitaria, sin contar
siquiera con Obra Social ni ART. Aun así, la UBA desconoce el carácter vital de
dichas tareas y pretende –y por el momento logra- que se legitime el trabajo
gratuito desde los supuestos beneficios profesionales, eufemismo ad honorem mediante.
Esta forma de
precarización salarial resulta de un problema estructural de insuficiencia
presupuestaria de la UBA, que propicia, a su vez, el congelamiento de la planta
docente regular, por retrasos injustificados en el llamado y/o la sustanciación
de los concursos. Situación que las autoridades de la Facultad no asumen como
problema y por tanto, no esbozan ningún tipo de solución.
La naturalización del
trabajo gratuito en la Facultad descansa sobre los significados simbólicos que
se tejen detrás de la docencia universitaria, la adaptación acrítica a los
sistemas de evaluación y acreditación académicos y se articula con las formas
históricas sui generis en las que se ha ido constituyendo el plantel docente a
través de la estructura de cátedra y la ausencia de carrera docente.
La lucha contra esa
naturalización tuvo un capítulo importante en 2005, cuando un conjunto de
compañeros docentes ad honorem
comenzó a organizarse para revertir la situación. A raíz de esto, se logró que
el Ministerio de Educación de la Nación reconociera la situación y que en 2007
destinara una partida presupuestaria a la UBA para implementar el “Programa de
Rentas Ad-Honorem” (PREDAH) que otorgó renta a un número considerable -pero
insuficiente- de cargos, en lo que fue presentada como una primera etapa y que
terminó siendo la única. Luego, el problema perdió protagonismo y a nivel UBA
no trascendió el plano de la consigna.
Esta experiencia
demostró que cuando los docentes nos organizamos para defender un derecho -tan
básico como el de percibir un salario por la realización de un trabajo-, se
logran resultados que benefician al conjunto de la comunidad académica, ya que
mejora la calidad del trabajo docente y, por consiguiente, es una forma más de
defender la Universidad pública.
A partir de la
reciente recuperación de la iniciativa gremial a nivel de la UBA, nos
encontramos frente a una buena oportunidad para redoblar los esfuerzos en pos
de la solución definitiva de este problema.
Para ello, será necesario
- Realizar un relevamiento sistemático
para contar con un diagnóstico certero de la situación.
- Detectar y desarticular los mecanismos
de legitimación y naturalización del trabajo gratuito, reproducidos incluso por
gran parte de los propios afectados.
- Evaluar las distintas escalas y
horizontes de intervención gremial.
Para avanzar en este
sentido es necesaria la generación de espacios participativos donde el conjunto
de los docentes se involucre en la formulación y despliegue de campañas y
acciones de lucha; no menos importante es que el conjunto de los docentes pueda
protagonizar la reflexión colectiva sobre las relaciones entre este problema y
otros tales como los mecanismos vigentes de ingreso a la docencia
universitaria, la necesidad de carrera docente, la estabilidad laboral, la
formación pedagógica, la estructura de cátedra o la función social de la
universidad.
Convocamos a todos
los docentes a participar de las distintas instancias de organización,
discusión y lucha de las próximas semanas.
Encuesta Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en Sociales
Nuestra concepción
acerca de las herramientas gremiales en el ámbito de la Universidad, nos
plantea el desafío de defender y garantizar los derechos de los docentes desde
un diagnóstico de los problemas estructurales en nuestra facultad y su
sistematización en temas específicos, de tal manera que nos permita avanzar en
conquistas que mejoren la calidad de nuestras condiciones de trabajo. Ello no
significa fragmentar los problemas sino superar la simple formulación de
consignas a través del trabajo colectivo, cotidiano y exhaustivo, articulando
los problemas y no amontonándolos de manera amorfa.
Creemos que eso solo
es posible si el punto de partida es un diagnóstico construido colectivamente,
es decir, a partir de las experiencias y
percepciones del conjunto de los docentes.
En este sentido, como
minoría en la Comisión Directiva de AGD Sociales hemos impulsado la realización de una
encuesta sobre condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) orientada a
relevar la situación objetiva y las percepciones en torno a nuestro ámbito
laboral. Por eso, los invitamos a participar, completando la encuesta y
difundiéndola entre los compañeros de cátedra. Así como también, resultará
interesante contar con sugerencias para mejorar este instrumento.
Cuando asumimos el
desafío de participar en la Comisión Directiva de AGD Sociales, nos propusimos
re-activar a la AGD Sociales a partir de ampliar los espacios de participación
y reinstalarla como una herramienta para todos los docentes. La encuesta que
empezamos a difundir en el mes de noviembre es un paso más para reconstruir el
diálogo entre los docentes y desde ese lugar fortalecer nuestras acciones.
Carrara Docente: notas para un debate imprescindible
I.
No hay dudas respecto
de las especificidades que tiene la universidad (autonomía, libertad de
cátedra, etc.) como espacio social cuya función principal es la producción de
conocimiento y la transmisión cultural. Sin embargo, la cuestión de la
estabilidad de sus trabajadores docentes es un elemento que compartimos con
cualquier otro trabajador.
Los prejuicios que a
menudo nosotros mismos reproducimos acerca de la supuesta neutralidad del
conocimiento científico, así como también en relación con el peso de la
individualidad en el desarrollo de nuestra tarea, operan como obstáculos para
establecer un tipo de regulación que pueda combinar los derechos laborales con
la posibilidad de evaluar el desempeño docente a partir de criterios -y
objetivos- institucionales llevados a cabo desde instancias transparentes y
democráticas.
De este modo,
mientras que en otros ámbitos del sector público (sin ir más lejos el sistema
de investigación) la “carrera” es algo incuestionable, y en buena parte de las
universidades nacionales es una conquista ya consagrada, en la UBA la carrera
docente aparece como algo difuso y/o ajeno al mundo universitario.
II.
Es interesante
repasar qué dice sobre este punto el estatuto de la UBA. En principio, toda la
planta docente se encuentra separada en dos grandes grupos con reglamentaciones
e instancias de incumbencia específicas: Profesores y Auxiliares.
El estatuto expresa
que la carrera docente sólo se aplica al caso de los auxiliares -jefes de
trabajos prácticos, ayudantes de primera y ayudantes de segunda-. En el
artículo 66, se establece “la carrera docente para la formación y estímulo de
los estudiosos con vocación para el profesorado universitario” y se fija que la
reglamentación deberá ser propuesta por el Consejo Directivo de cada facultad.
En el artículo
siguiente, el estatuto sostiene que la carrera docente “implica la asistencia a
cursos y seminarios sobre temas vinculados a la respectiva asignatura”, “así
como también la asistencia y la participación en cursos de metodología de la
enseñanza y la investigación”. Según el estatuto, la propia UBA es responsable
de organizar las instancias que las Facultades requieran para cumplir con este
propósito.
III
En nuestra
universidad, actualmente coexisten concepciones y modelos diferentes de carrera
docente en las distintas facultades, con distintos niveles de
institucionalización. En algunos casos, solo se trata de un conjunto de
requisitos para la permanencia en el cargo, mientras que en otros es entendida
como un ciclo de formación que acredita puntaje ante un eventual concurso. En
ninguna facultad se encuentra un proyecto integral que contemple: mecanismos
claros de ingreso, permanencia y promoción en la docencia; instancias de
formación pedagógica y/o disciplinar; delimitación de las tareas y
responsabilidades en función a la jerarquía del cargo; entre otros aspectos.
Mientras tanto, la
gran mayoría de las universidades nacionales cuentan con una carrera docente
formalizada e institucionalizada (en lo formal y en la práctica), que combina
ambas dimensiones: formación y permanencia/promoción. Y, a su vez, abarca tanto
a los auxiliares docentes como a los profesores.
No obstante, existe
una multiplicidad de modelos, con énfasis distintos en los derechos laborales y
en la evaluación académica, que contemplan mecanismos diversos para su
concreción práctica.
IV
No exageramos al sostener
que la carrera docente implica un cambio de paradigma. La tradición reformista
ha colocado al concurso público de antecedentes y oposición como el único
procedimiento válido para el ingreso, la permanencia y la promoción en la
docencia. Por eso discutir la necesidad del establecimiento de la carrera
docente supone plantear un mecanismo alternativo que permita ir más allá de la
competencia entre colegas en el marco de instancias escindidas de la práctica
docente cotidiana y centre su atención en la consideración y evaluación de los
procesos concretos de enseñanza -aprendizaje.
En las universidades
donde la carrera docente ya se aplica, el mecanismo más generalizado para
mantenerse en el cargo, consiste en la evaluación de informes presentados por
los docentes. En todos los casos, existe una Comisión Evaluadora que se
pronuncia sobre el desempeño en su tarea. En algunas universidades, además de
estar integradas por miembros del Departamento de pertenencia, esas comisiones
cuentan con representación estudiantil e incluso hay casos en los que existe la
figura del veedor gremial.
Asimismo, en general,
se prevén diversas instancias para recurrir en aquellos casos que evidencien arbitrariedad
en los dictámenes evaluadores. Las variantes también se despliegan para el caso
de las promociones a cargos superiores. Dependiendo de la universidad hay casos
en que la promoción es automática en función de determinados requisitos. En
otros, es necesario un concurso.
V
En la medida en que
está abierta la discusión acerca de un Convenio Colectivo de Trabajo entre los
sindicatos docentes, las autoridades universitarias y el Ministerio de
Educación, la cuestión de la carrera docente no puede ser considerada al margen
de ese debate. Concretamente debe ser un componente central de un convenio
único para todos los docentes universitarios a nivel nacional. Al tiempo que
implica una pelea específica contra las resistencias simbólicas y políticas que
ha de engendrar.
Esto supone, por un
lado, reorganizar el sistema universitario y sus condiciones laborales en
función de criterios comunes –lo cual supone abrir un debate amplio que permita
llegar a consensos masivos-.
Por otro lado,
también significa unificar a la docencia universitaria para superar una
fragmentación que es funcional a la precariedad laboral y a la mercantilización
de la producción de conocimiento. El camino no es sencillo, pero es momento de
redoblar los esfuerzos y dotarnos de las herramientas que sólo el debate franco
y la organización colectiva pueden brindarnos.
ENTREVISTA A MARCELO RUIZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
RÍO CUARTO
“Tenemos
que cuestionar la idea de la neutralidad de la ciencia y la tecnología”
Marcelo Ruiz es el
rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Con una trayectoria
ligada a la militancia sindical en el gremio docente, representa una voz
disonante entre las autoridades universitarias de nuestro país. Aquí recorre
algunos de los lineamientos centrales del proyecto que encabeza en esa casa de
estudios y describe los debates más urgentes que movilizan a su comunidad
académica.
Tu
espacio llega al rectorado confrontando con las fuerzas que históricamente han
gobernado en las universidades. ¿Cómo se explica ese proceso?
Por empezar, existe
una tradición de lucha docente en la UNRC, por ejemplo esta es la primera
universidad en tener carrera docente. Donde se revaloriza la carrera docente
sin desligarla de un proyecto político. Hay una historia importante, también,
del movimiento estudiantil. A eso le sumaría un instrumento importante que es
la regional intersindical que armamos con los compañeros de la universidad de
Rosario, con los de Villa María, de Córdoba y de San Luis desde la que nos
dimos un fuerte trabajo cultural y desde donde construimos una referencia que
nos permitió instalar debates importantes. Por último, todo el proceso de lucha
que siguió a la explosión de los laboratorios en 2007, en la que murieron seis
docentes y estudiantes. Eso fue una bisagra que con el tiempo fue definiendo la
necesidad de pensar otra universidad.
¿Cuáles son los
desafíos que se proponen como espacio político al frente de la universidad?
Los desafíos a
mediano plazo pasan por generar espacios de politización para reconquistar la
legitimidad perdida de la universidad pública y esto supone ubicar a la
universidad en los debates estratégicos en relación con la cultura y a la
ciencia. Y a la vez que permitan discutir el papel de la universidad en
relación con los movimientos sociales en una perspectiva emancipatoria más
amplia.
Hace
unos meses el Consejo Superior de la UNRC volvió a rechazar los fondos que la
empresa minera La Alumbrera dona a las universidades. ¿Qué implica esta nueva
negativa?
Este rechazo tiene
una particularidad porque los anteriores fueron a los ejercicios anuales. Es
decir, a los montos específicos por año y no a una definición de rechazo
definitivo. En el ejercicio 2009 y 2010 se rechazó el ejercicio 2009 y 2010,
respectivamente. Luego nos dimos un debate más amplio que en definitiva pasa
por cuestionar centralmente los modelos de desarrollo. Queríamos que pudiera
deducirse el rechazo a partir de la crítica a los modelos extractivistas.
¿Cómo
se llevó a cabo ese debate?
El proceso fue muy
rico porque permitió por primera vez encontrarnos en jornadas abiertas con
múltiples voces. Nosotros organizamos una jornada de 4 días sobre megaminería y
fondos de La Alumbrera con participación de geólogos, lingüistas, sociólogos,
periodistas y de intelectuales como Vicente Zito Lema y Pérez Esquivel. Y luego
organizamos otro ciclo que se abre con la conferencia del sociólogo portugués
Boaventura de Sousa Santos, donde uno de los ejes principales que atravesó el
encuentro estuvo vinculado fuertemente al problema del extractivismo como nueva
etapa del colonialismo.
Para
justificar la aceptación de los fondos suele hablarse de las actividades
científicas que pueden desarrollarse con esos recursos ¿Cómo fue el proceso de
rechazo a los fondos de La Alumbrera respecto de esta cuestión?
El principal problema
está en cómo se ha ido imponiendo la idea en el escenario argentino y de
América Latina de que la tecnología y la ciencia es un lugar de neutralidad,
como si la tecnología no tuviera incorporada una definición de las relaciones
sociales y una conceptualización de ciencia que está atravesada por la
dimensión ideológica. La resolución de la universidad también apunta en esta
dirección. Esto es parte de una crítica que nos parece importantísima, que
tiene que ver con poder deconstruir la imagen de neutralidad tecnológica.
Entonces no es lo mismo la tecnología que utilizan los pooles sojeros o las transnacionales asociadas a la megaminería que
poder pensar desde las universidades argentinas la producción de tecnología y
de ciencia que esté asociada a modelos de desarrollo de dirección democrática
con profundo respeto de las comunidades y sus opciones y sus modos de vida.
La
UNRC está en una zona fuertemente atravesada por un modelo basado en la soja.
¿Todo este proceso abre la puerta para pensar la cuestión del avance del
agronegocio sojero?
-Si, absolutamente.
Porque abre la puerta a discutir el extractivismo como estrategia del
neocolonialismo en forma integral que no solamente incorpora la megaminería si
no también el monocultivo. Es decir, como estrategia de reprimarización de la
economía. Este es el punto central. Y a todo esto, nosotros estamos en uno de
los corazones del monocultivo. En ese sentido, ahora estamos transitando una
discusión que está vinculada al extractivismo en nuestro único río que tenemos
en la Ciudad de Río Cuarto que, si bien no es igual, de alguna manera
intentamos poner en cuestión cuál es el modelo de desarrollo local, cuál es el
impacto ambiental y cuál es el impacto para las comunidades que viven del río.
DESDE EL GREMIO, DEBATIENDO SOBRE POLÍTICA UNIVERSITARIA
Lo
que nos dejó el 1° Foro Por Una Nueva Universidad organizado por CONADUH
El 30 de agosto
pasado se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el 1° Foro Por una Nueva
Universidad “Vigencia de las Políticas Neoliberales en las Universidades
Públicas. Carrera Docente con Estabilidad Laboral versus Flexibilización”. Del
mismo participaron compañeros de las Asociaciones de Base de distintos puntos
del país, nucleadas en CONADU Histórica (Federación Nacional de Docentes,
Investigadores y Creadores Universitarios). Entre los objetivos de la actividad
figuraban el de generar un espacio de reflexión colectivo, analizar la
educación superior como proceso social vinculado a otros procesos de la estructura
social y compartir información y debates que contribuyan a potenciar nuestra
acción gremial.
En el primer panel se
analizó la vigencia de las políticas neoliberales en las Universidades
Públicas. La posibilidad de contar con la presencia de docentes de Argentina,
Colombia y Brasil, permitió encontrar trazos comunes en la implementación de
políticas regresivas en materia de educación superior en el continente. Los
lineamientos de las políticas neoliberales de mercantilización del
conocimiento, de precarización laboral, de achique presupuestario y de
deterioro de la formación de grado se impulsaron con fuerza durante los años 90
y no se han logrado revertir como tendencia. Algunos ejemplos actuales de esta
tendencia son: el aumento significativo de la matrícula en las universidades
sin el correspondiente aumento de la planta docentes, la “mercantilización” de
la investigación, es decir investigar según los intereses de quien financia, la
existencia de una suerte de ethos
empresarial en la gestión de las universidades, el avance de distintas formas
de precarización laboral que tienen su expresión más brutal en la extensión del
trabajo gratuito en la UBA.
Como contraparte los
docentes universitarios a través de nuestras organizaciones gremiales y
vinculados a los procesos de lucha al interior de la Universidad vamos
encontrando distintas respuestas y estrategias para enfrentar estas ofensivas.
En el caso de Brasil la huelga de los docentes universitarios de 50
universidades públicas se planteó la lucha por mejores condiciones de trabajo
vinculada a la defensa de la educación pública y de calidad. En el caso de
Colombia las luchas estudiantiles del año pasado, contra el proyecto de reforma
universitaria que intentaba mercantilizar la educación superior a partir de avanzar,
entre otras cosas, sobre el financiamiento mixto (público privado), contaron
con el apoyo e involucramiento de sectores docentes. Estas experiencias nos
interrogan respecto de nuestra participación como trabajadores docentes en la
defensa de una universidad pública, democratizada, crítica y de calidad. Una
precondición para lograr este proyecto de universidad es la lucha por el
mejoramiento de nuestras condiciones de trabajo y por el aumento
presupuestario. Sin embargo, esta pelea nos exige también preguntarnos respecto
de la orientación que se pretende de la educación superior, para quién
producimos conocimiento? Qué sujetos estamos formando? Cómo son los procesos de
toma de decisiones en la universidad?
Desde Docentes por el Cambio –espacio que como
Lista Violeta integramos junto a compañeros de otras facultades de la UBA-, apostamos
a contar con estos espacios de debate e intercambio que nos permitan trascender
el trabajo “solitario”, que nos obliguen a participar más conscientemente de la
tarea que llevamos adelante cotidianamente, que nos exijan revisar críticamente
los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación de los que formamos
parte. De esta manera nos iremos convirtiendo en constructores de ese otro
proyecto de universidad vinculado a los procesos de transformación que surgen
desde abajo y articulado con un proyecto emancipador.
Edificio único para sociales
Si todo continúa
según lo programado, en el segundo cuatrimestre de 2013 se llevará a adelante
la mudanza de las carreras de Sociología y Relaciones del Trabajo a la sede de
Santiago del Estero. No se trata solamente de restringir la discusión a la
cantidad de aulas, sino que implica ir un paso más allá y tener en cuenta la
calidad constructiva de las mismas, manifestar la necesidad de una sala real de
profesores donde podamos hacer reuniones de cátedra, corregir exámenes y
preparar sus clases. Así como también un jardín materno/paternal y un comedor
universitario, propiciando condiciones adecuadas de enseñanza-aprendizaje y los
espacios de sociabilidad propios de la comunidad universitaria
La lucha por el
Edificio único ya lleva 16 años y durante todo este tiempo los problemas
edilicios se multiplicaron. El último de ellos, fue el accidente que sufrió una
estudiante en uno de los ascensores de Marcelo T.
Por eso, consideramos
que la AGD debe participar activamente en la Comisión Cuatripartita (junto con
el gremio de No Docentes, el Centro de Estudiantes y la gestión de la facultad)
y la Comisión de Hábitat del Consejo Directivo, para aportar al análisis de las
necesidades edilicias que afectan la calidad de nuestro trabajo.
Lista Violeta Sociales -
Docentes por el cambio
Minoría en la Comisión
Directiva de AGD Sociales
Contactos:
Mail: listavioletasociales@gmail.com
